Efectivos de la comisaría cuarta golpean a militante del FPDS

Comunicado de prensa

El Frente Popular Dario Santillan denuncia que en el día de la fecha quedó internado Pablo Solana, referente histórico del nuestro movimiento , por golpes internos , causados por la golpiza recibida por parte de efectivos de la comisaria cuarta en la madrugada del 4 de noviembre.
Pablo fue detenido y golpeado cuando se acercó a los efectivos policiales intentando impedir la paliza que le estaban dando la policia a compañeros del Frente de lucha, Antonio Vega y Ezequiel Fernandez, y mediar ante la airada reacción de sus compañeros, en circustancias que pudieron derivar en una masacre.
Vega fue hospitalizado despues de ser liberado.
Ayer Pablo fue uno de los negociadores que firmó el acuerdo que permitió levantar al acampe en la avenida 9 de julio. Hoy, afectado por fuertes dolores, fue hospitalizado.
Hacemos responsable de la salud de los compañeros:
- Al comisario y efectivos a los efectivos de la Comisaria Cuarta.
- Al Jefe de Gabinete Anibal Fernandez que con sus declaraciones desligitimando los justos reclamos sociales, alienta estos hechos protagonizados por la propia policia que él tendría que controlar.
- a todos los politicos y desinformadores mediaticos que claman represión contra las organizaciones sociales y editorializan sobre el Estatado Apolicial, con el mismo odio de clase que tuvieron en otras epocas de la historia agentina cuando los humildes reclamaron sus derechos y pretendieron intervenir en la politica argentina.

Frente Popular Dario Santillan

Foro de la Sociedad Civil paralelo a la cumbre de la FAO ¡Paremos la crisis, cambiemos el sistema alimentario!‏

Del 13 al 17 noviembre se reunirán en Roma más de 400 delegados (el número dependerá de la disponibilidad de fondos*) de 70 países diferentes en representación de organizaciones de pequeños productores de alimentos, organizaciones de agricultores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores rurales y de la alimentación, juventud rural, mujeres y grupos transhumantes, además de habitantes de ciudades afectados por la inseguridad alimentaria y ONG, con motivo de una iniciativa paralela a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria organizada por la FAO. El Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 2009 está auspiciado por un Comité de Pilotaje Internacional (CPI) formado por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que representan a los productores de alimentos y a los pueblos afectados.


En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, cuando se calculaba que unos 830 millones de personas pasaban hambre, los gobiernos se comprometieron a reducir este número a la mitad para 2015. Hoy, en 2009, hay más de mil millones de personas malnutridas, el número más alto en cuatro décadas.


El mundo en que vivimos se enfrenta a una crisis estructural de múltiples frentes. Las crisis climática, energética, financiera y económica empeoran aún más la persistente crisis alimentaria; siendo sobre todo esta última la que más oleadas de protestas ha desencadenado en decenas de países. Lo cual demuestra claramente cómo el acceso equitativo a la comida es esencial para el bienestar de la gente, la justicia social y la democracia.


El Foro continuará su trabajo por un sistema de gobernanza de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, labor comenzada en el Foro de las OSC en Roma en 1996. Se debatirán distintos temas para definir un plan de acción global de las OSC, incluyendo: relación entre población rural y urbana y métodos sostenibles para garantizar el acceso a la comida; cambio climático y modelos de producción que enfríen el planeta y reduzcan la vulnerabilidad de los pueblos frente a las variaciones del clima así como el acceso a los recursos naturales, la apropiación de tierras y el derecho igualitario a la tierra para hombres y mujeres.

Comunicado de prensa


Foro de la Sociedad Civil paralelo a la cumbre de la FAO:


¡Paremos la crisis, cambiemos el sistema alimentario!





La situación actual no es el resultado de un repentino cambio natural, sino el fruto de décadas de políticas nefastas. El Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos pretende un cambio en las políticas agrarias y de alimentación dominantes gracias al análisis de las causas primarias del hambre y la malnutrición; y mediante la presentación de propuestas surgidas de años de resistencia de los pequeños productores de alimentos y los pobres de las ciudades. No hay solución para las múltiples crisis del mundo mientras la sociedad civil no tenga un papel protagonista y no exista un diálogo con los gobiernos.


Agenda de prensa


*

13 de noviembre, comienzo del Foro por la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Mística de la tarde. Lugar: Città dell’altra economia, Largo Dino Frisullo (ex-Mattatoio, Testaccio, Roma) – Hay mapas a disposición de quien los solicite. – Lugar por confirmar.


*

14 de noviembre, 10:00 – Apertura del Foro por la Soberanía Alimentaria de los pueblos con una delegación de la FAO, del FIDA y del Ayuntamiento de Roma. Città dell’altra economia, Largo Dino Frisullo (ex-Mattatoio, Testaccio, Roma) - Hay mapas a disposición de quien los solicite. – Lugar por confirmar.


*

16 de noviembre, 12:00 – Cita con la prensa. Testimonios – Los líderes de diferentes países estarán disponibles para entrevistas. - Frente a la FAO. – Lugar por confirmar.


*

17 de noviembre, 13:30 – Rueda de prensa para clausurar el Foro por la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Lugar: FAO, Viale delle Terme di Caracalla, Roma.



Contacto de prensa:

Emanuela Russo

Jefa de prensa

Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 2009

Móvil italiano: +39 3490068499

manu.russo@gmail.com

Idiomas: Italiano, español, inglés


Página web: http://peoplesforum2009.foodsovereignty.org/


Los líderes de movimientos sociales de setenta países de África, las Americas, Asia y Europa estarán disponibles para entrevistas.


Organizador:

El Comité de Pilotaje Internacional del Foro es el responsable de la organización. Se compone de las siguientes organizaciones:


*

Agricultores: Hay dos organizaciones globales de agricultores principales:

*

FIPA (Federación Internacional de Productores Agropecuarios): Ajay Vashee, Zambia (o Nora Ourabah, Francia)

La FIPA es una organización mundial que representa a más de 600 millones de familias de agricultores agrupadas en 120 organizaciones nacionales de 79 países. Es una red global en la que los agricultores de los países industrializados y en desarrollo comparten inquietudes y establecen prioridades comunes.


*

Via Campesina: Nettie Webbe, Canadá

Via Campesina es un movimiento internacional de campesinos, pequeños y medianos productores, personas sin tierra, mujeres del mundo rural, pueblos indígenas, juventud rural y trabajadores agrícolas. Es un movimiento autónomo, plural y multicultural, independiente de toda filiación política, económica o de cualquier otro tipo. Nuestros miembros proceden de 56 países de Asia, África, Europa y las Americas.

Organizaciones regionales de agricultores de:

*

África – ROPPA (Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas de África Occidental): Ndiogou Fall, Senegal

La red de organizaciones campesinas y de productores de África Occidental (ROPPA) se fundó oficialmente en julio de 2000, durante una reunión en Cotonou a la que asistieron unos cien agricultores en representación de sus respectivas organizaciones de 10 países de África Occidental.

*

América Latina – COPROFAM (Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado): Alessandra Da Costa Lunas, Brasil

COPROFAM es la Coordinación de Organizaciones de Productores Familiares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.


*

Asia – AFA (Asociación de Agricultores de Asia para el Desarrollo Sostenible Rural): Esther Penunia, Filipinas

La Asociación de agricultores de Asia para el desarrollo sostenible rural (AFA según siglas en inglés) es una alianza regional de 9 federaciones de agricultores de 8 países asiáticos que representa a 10 millones de agricultores. Se estableció en mayo de 2002.


*

Pescadores: hay dos foros globales de pescadores principales


*

WFF (Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca) Margaret Nakato, Uganda y Arthur Bogason, Islandia

El WFF es una organización internacional de pescadores de bajura. Actualmente pertenecen a él asociaciones de pesca comercial de 23 países. El objetivo de la organización es trabajar por una pesca sostenible y que se dé prioridad a los intereses de los pescadores de bajura.

*

WFFP (Foro mundial de pueblos pescadores): Herman Kumara, Sri Lanka

El WFFP es una federación de organizaciones que trabajan principalmente en Asia y África. Se trata principalmente de pueblos pesqueros asentados en la costa que usan aparejos tradicionales. Se reunieron en 1997 para luchar por sus derechos y para proteger los recursos pesqueros de las costas.


*

Transhumantes - KSBA (Asociación de ganaderos de ovejas de Kirguistán): Akylbek Rakaev, República de Kirguistán

La KSBA agrupa a 105 cooperativas de ganadería ovina del país, abarcando 1138 familias productoras. La finalidad es crear unas condiciones favorables para el desarrollo de las cooperativas locales de ovejas y cabras, de modo que los ganaderos tengan un mejor acceso a mercados, créditos y recursos técnicos.

*

Organizaciones de pueblos indígenas – CITI (Consejo Internacional de Tratados Indios): Saúl Vicente, México

El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de pueblos indígenas de Norteamérica, América Central, Sudamérica, el Caribe y el Pacífico que trabaja por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, además del reconocimiento y la protección de los derechos, los tratados, las culturas tradicionales y las tierras sagradas indígenas.


*

Redes de ecologistas - ATI (Amigos de la Tierra Internacional): Martín Drago, Uruguay

Una de las mayores redes de ecologistas de base. Hacen campañas sobre los temas medioambientales y sociales más urgentes de hoy día, desafiando el modelo de globalización económica y empresarial imperante y promoviendo soluciones para crear sociedades medioambientalmente sostenibles y socialmente justas.


*

Organizaciones/redes agroecológicas – MAELA (Movimiento Agroecológico de América Latina): Felipe Íñiguez, México

Se trata de un movimiento plural con experiencia en el desarrollo, el análisis de investigación, la formación y la promoción. Se compone de más de 85 instituciones (grupos agrícolas, agricultores, ONG y centros universitarios). El MAELA propone alternativas a la neoliberalización del mercado y a la globalización, percibidas como algo discriminatorio y exclusivo.


*

Organizaciones sobre pobreza urbana – HIC (Coalición Internacional del Hábitat): Davinder Lamba, Kenya

La HIC es una alianza independiente, internacional y sin ánimo de lucro de 400 organizaciones. Incluye a movimientos sociales, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil, ONG, comunidad académica, instituciones de investigación e individuos afines de 80 países, tanto del Norte como del Sur. Hay un conjunto de objetivos comunes que encuadran y dan forma a los compromisos de HIC con las comunidades que trabajan para asegurar la vivienda y mejorar las condiciones de su entorno.


*

Juventud – MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola): George Fernandez, India

El MIJARC es un movimiento internacional que abarco otros movimientos en los cuatro continentes. La juventud rural de los 12 a los 30 años se compromete con estos movimientos de jóvenes rurales. Contribuyen localmente al desarrollo sostenible rural.


*

Organizaciones de derechos humanos – FIAN (FoodFirst International Action Network): Sofia Monsalve, Colombia (o Flavio Valente, Brasil)

FIAN es una organización internacional de derechos humanos que lleva más de 20 luchando por el respeto al derecho a la alimentación. FIAN se compone de secciones nacionales y miembros individuales de más de 50 países de todo el mundo. Es una organización sin ánimo de lucro ni filiaciones políticas o religiosas, y tiene estatus consultivo en Naciones Unidas.


*

ONGI:

*

Action Aid International: Francisco Sarmento, Brasil

ActionAid es una agencia internacional cuyo objetivo es luchar contra la pobreza en todo el mundo. Se creó en 1972 y lleva más de 30 años creciendo y expandiéndose hasta encontrarse donde está actualmente: ayudando a más de 13 millones de las personas más pobres y desfavorecidas en 42 países de todo el mundo.


*

Oxfam International: Chris Leather, residente en Italia

Oxfam International es una confederación de 14 organizaciones afines que colaboran entre sí y con aliados de todo el mundo. Trabajan con comunidades con el objetivo de influir a los poderosos para que mejore el sustento y la vida de los pobres; y puedan tener voz en las decisiones que les afectan.


*

Mujeres / Grupo Ad-hoc de ONGI con estatus consultivo formal frente a la FAO: Anita Fisicaro, Italia (o Paolo Rozera, Italia)

*

CPI (Comité de Planificación Internacional Para la Soberanía Alimentaria): Antonio Onorati, Italia

El CPI es un mecanismo de facilitación de unas 800 ONG, OSC/movimientos sociales preocupados por los aspectos y los programas sobre soberanía alimentaria. Incluye a organizaciones que representan a pequeños agricultores, pescadores, pueblos indígenas, transhumantes, juventud, sindicatos agrarios y ONG.


*

CISA (Comité de Soberanía Alimentaria de Italia, país anfitrión): Sergio Marelli, Italia


Apoyo: Secretaría del CPI




* Con el apoyo de

NORAD – Agencia noruega para la cooperación al desarrollo, Ayuntamiento de Roma, FIDA, Generalitat de Cataluña, SDC – Cooperación al desarrollo suiza, Gobierno del Brasil, Bröt fur Alle, Action Aid International, EED, Oxfam International y la autofinanciación de los movimientos sociales.

Actitud irresponsable

Ramón Minieri (Autor de Ese ajeno sur)

Al investigar para escribir mi libro, aprendí cosas ausentes en mi manual escolar.

Una: la ilegitimidad de ciertos títulos de propiedad. A empresas como la TASLCo, el Estado argentino les regaló extensiones enormes, diez veces el máximo legal, mediante testaferros, en concesión para “instalar colonos”. No trajo ni uno.

Dos: las enormes ventajas que usufructuaron estas empresas. No oblaban derechos de exportación o importación, ni tasa a las ganancias hasta 1933. Hasta 1946 no les dieron un sueldo decente a los peones, ni un colchón.

Tres: no hubo un “desierto” al que se conquistó. Se expropiaron a sus pobladores 78 millones de ha y se las privatizó a favor de empresas británicas y especuladores argentinos. Las colonias y chacras nacieron a contrapelo de esa política. Los nativos fueron desalojados violentamente; hubo campos de concentración, entrega de mujeres y niños a familias de las ciudades. Los restos de esos grupos suministraron la peonada de las estancias. Y siguen aquí, echados de sus lugares, hasta hoy.

Cuatro: estas historias no cesaron. Una nueva conquista en los años treinta, a cargo del general Justo, amigo de los estancieros, desalojó la reserva Nahuelpan. Y sigue la lucha de las comunidades por recuperar sus lugares, es decir su vida.

Cinco: la constitución violenta de nuestro Estado se mantiene sobre ciertos mitos que nos imbuyeron: el de que toda fundación requiere víctimas, el de los eficaces administradores extranjeros, el del indio malo y peligroso.

Hoy tenemos la oportunidad de refundar nuestro Estado a partir del protagonismo de sus diversos pueblos, repatriando a sus desterrados, reparando crímenes históricos. En esta encrucijada, es irresponsable la actitud de algunos medios y algún “entendido” que invocan la represión sobre las comunidades. Si de algo hubiera servido la violencia, ya no habría más violencia.

La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA

Por Gonzálo Sanchez / Crítica Digital - Sunday, Nov. 01, 2009 at 2:04 PM. Publicado en Observatorio Petrolero Sur


Inició tareas de inteligencia durante de la visita al sur de cinco vascos de la ong Askapena. ¿Nuevo escenario de conflicto o puro humo?
“Es un tema de seguridad nacional”, admitió un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía. Los líderes de las comunidades señalan que se trata de una campaña de difamación impulsada por estancieros, políticos y corporaciones.

Gonzalo Sánchez
01.11.2009

Territorio efervescente. Las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut exigen que se les reconozca la ocupación ancestral de miles de hectáreas hoy en manos de terratenientes locales y foráneos.
La organización Askapena es una ONG internacional compuesta por ciudadanos del país y de la diáspora vasca. Sus integrantes son maestros, estudiantes y trabajadores que en sus vacaciones viajan a diferentes puntos del planeta para conocer realidades distintas. Los mueve la necesidad de acercarse a pueblos de todo el mundo que sufren alguna forma de opresión. Desde hace tres años visitan a los mapuches del sur de la Argentina, con quienes han establecido un vínculo fraternal, de intercambio cultural, político y social.

El ocho de agosto pasado, cinco militantes de Askapena participaron junto a un grupo de mapuches de un acto político que se llevó a cabo en la ciudad de Trelew en repudio de un caso de presunta represión policial contra comunidades originarias. Los vascos hablaron durante el encuentro acerca de la búsqueda de autonomía en el norte de España y todo transcurrió con normalidad, entre gritos de justicia, proclamas de libertad y bajo un cúmulo de nubes que presagiaban tempestades. Al finalizar el acto, mapuches y vascos se subieron a un micro alquilado y emprendieron viaje a la ciudad de Esquel. Pero, a poco de salir, cuando el colectivo se adentraba en la meseta yerma, un grupo de efectivos de la Policía Federal los interceptó. “Detuvieron el micro –cuenta Moira Millán, la líder campesina mapuche que encabezó el acto– y solicitaron documentos, en particular los pasaportes de los tres compañeros europeos. Nos obligaron a descender del micro. Pero nos negamos. Llamamos a un abogado, que envió a un colega rápidamente y pudimos seguir”.

Al llegar a Esquel, sobre la ruta de entrada, un camino que serpentea mientras desciende hacia un valle de colores ocres, la policía provincial y la Gendarmería volvieron a frenar al micro. Pero esta vez todo fue más evidente: los efectivos querían saber, con especial énfasis, quiénes eran los extranjeros. “Nos permitieron continuar –recuerda Millán–, pero cuando llegamos a destino nos encontramos con cuatro hombres de civil apostados frente a mi casa, arriba de un auto gris. Eran las cuatro de la madrugada y llovía torrencialmente: ese auto estuvo frente a mi casa en diferentes momentos, durante dos días. Mientras los vascos estuvieron de visita”.

Los vascos continuaron viaje, pero a Millán la vigilaron varios días más. El viernes 16 de octubre, luego de participar en actos públicos en Buenos Aires por el 11 de Octubre –para los pueblos originarios, el último día de libertad–, llegó a la terminal de micros de Retiro junto a otra compañera integrante de una organización social. Entonces se percató de que las estaban observando nuevamente. “Un sujeto nos siguió todo el tiempo. Cuando creíamos que había desaparecido, volvimos a encontrarnos con él en la misma dársena en la que iba abordar mi micro. El hombre subió al mismo micro que yo y descendió en Liniers, primera parada del recorrido. Apenas llegué a San Carlos de Bariloche, volvió a suceder lo mismo. Otro sujeto me empezó seguir hasta que me bajé en la terminal de Esquel, la ciudad donde vivo”.

La anécdota de los vascos en el sur y los seguimientos a Moira Millán, confirmados a Crítica de la Argentina por un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía Federal y otro de la Gendarmería Nacional, grafican una situación incipiente en el sur del país. Hace rato que la Patagonia dejó de ser el reino de la quietud para convertirse en un territorio efervescente y sin calma. Mientras las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut exigen que se les reconozca la ocupación ancestral de miles de hectáreas hoy en poder de terratenientes locales y foráneos -y también del Estado-, latifundistas, empresarios, medios de comunicación y políticos denuncian a viva voz que algo está por estallar. Elucubran la teoría del regreso de la Araucanía, bajo el pretexto rebatible de que los mapuches provienen de Chile, y alientan fantasmas de toda índole. El mayor de ellos es el que sugiere la presunta existencia de una alianza político-militar entre aborígenes y organizaciones separatistas de Europa y Centroamérica.

“Con el argumento de un intercambio de la lengua –explica un hombre de la Federal–, miembros de ETA, digamos cuadros políticos, trazaron vínculos con los mapuches del sur. La policía hizo tareas de inteligencia, claro, sobre todo porque ETA se acercó al conflicto en Chile. Es un tema de seguridad nacional. Pero no lo podemos hacer público porque sería, estratégicamente, un error”.

El empresario Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y gerente de una empresa minera, fue quien encarnó la denuncia más grave. El mes pasado, sin filtros, expresó públicamente que cuadros de ETA y de las FARC habían cruzado a la Argentina desde Chile para asesorar a los mapuches de su provincia en estrategias de guerrilla y recuperación de tierra. “Es necesario respaldar a los jueces y a las fuerzas de seguridad que muestran compromiso con su cargo”, destacó. “Sabemos que en la Novena Región hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA y que se relaciona con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén”, agregó, apocalíptico. “Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, continuó, y concluyó: “Sólo quieren aprovecharse para instaurar el terror”. Varias veces insistió con su pedido de mano dura.

Al cierre de esta edición, Sapag fue internado con un pico de presión, razón por la cual no pudo opinar para este artículo. Cuando se le preguntó a su vocero en qué se basó para formular las graves acusaciones contra el pueblo aborigen, su respuesta fue: “En informes del gobierno chileno, donde alertan que encontraron armas e instructivo de las FARC y además en versiones periodísticas. En la zona de Aluminé hay europeos con pelo rubio que participan de las tomas: no son gente mapuche”.

El cuadro de denuncias contra las comunidades originarias terminó de ilustrarse con la seguidilla de notas que publicó el diario La Nación –una de ellas firmada por el periodista Rolando Hanglin– con el título de “El regreso de la Araucanía”, apuntalando la teoría de que los mapuches “vinieron de Chile” y la idea de que los empresarios agropecuarios, terratenientes y hoteleros del sur están preocupados por el creciente número de recuperaciones de tierra que se llevaron adelante en los últimos años. En algo no se equivocan. Si en Chile el conflicto mapuche llegó a un punto álgido que suma comuneros muertos y represión por parte del aparato estatal, en la Argentina, las comunidades se han organizado para la resistencia. Muy a menudo, plantan la bandera del Puel Mapu sobre territorios recuperados y reclaman por reivindicaciones postergadas. El caso Benetton en Chubut opera como paradigma, pero hay muchas recuperaciones más a lo largo de la Patagonia. Sólo en Río Negro fueron recuperadas más de 170 mil hectáreas en los últimos años.

Chacho Liempe vive en El Bolsón, al sur de Río Negro. Es el titular del Consejo Asesor Indígenas, la organización política mapuche más grande de esa provincia. Reconoce que su pueblo está en movimiento. “Estamos mostrando que existimos y que buscamos nuevamente el espacio negado, el que nos corresponde como a cualquier ser humano –explica–. Cuando se cuenta la historia de la Campaña del Desierto, no se cuenta que aquí se practicó un exterminio y que los que lo ejecutaron fueron después los dueños de la tierra, los que amasaron sus fortunas con las costillas de nuestra gente. Sus descendientes, más algunos políticos y otras corporaciones, son los que ahora dicen falacias, esas barbaridades de que nosotros estamos con la guerrilla”.

“Pero cuando nuestro pueblo sale a reclamar tierra –continúa Liempe–, no sale con armas, sino con la ley, con elementos como el convenio 169 de Naciones Unidas, al que la Argentina adhiere, que reconoce la existencia de los pueblos antes de la existencia de la Nación”.

Liempe ahora le responde a Sapag. “Sus argumentos son pobres, pero, como tiene a los medios de comunicación para disparar, utiliza falacias como la de las FARC y ETA para distorsionar”.

La Policía Federal está detrás de la huella de células etarras en el sur, pero ¿realmente existe conexión entre mapuches y terroristas?

“La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas busca finalmente, según nuestra impresión, justificar todavía más la represión de la que es víctima, tanto en la Argentina como en Chile, y de esa forma quitarles a sus legítimas reivindicaciones la importancia pública que se merecen “, explica desde Chile Sergio Millamán, dirigente del Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos.

Moira Millán aventura: “Las fuerzas de seguridad temen que lo que ocurre en Chile suceda acá. El sabotaje a las corporaciones del lado chileno les mete miedo a las empresas del lado argentino y las hace pensar en si vale la pena seguir invirtiendo en esta zona. Entonces, la Argentina quiere mostrar un territorio seguro para la inversión. Patagonia tiene una unidad geográfica y todo lo que se produce en Chile se podría producir acá. En lugares como Chubut, se tiene una perspectiva muy radical de la lucha. Si se radicalizara la lucha en la Argentina, probablemente encontraríamos más apoyo del que tienen en Chile. De ahí la preocupación de la policía”.

–¿Pero existen vínculos como denuncian estos sectores con las FARC y ETA?

–No, lo que existe es un vínculo de solidaridad con los pueblos. Los zapatistas, los vascos han sido oprimidos como nosotros. Pero de ahí a que estemos haciendo una coordinación político-militar y que estemos financiados por el narcotráfico hay un largo trecho.

Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana

Publicada en Observatorio Petrolero Sur

28/10/2009 in Internacional, Panorama Nacional, Pueblos Originarios
Entrevista a Vladimir Pinto, abogado del Programa de Defensa de Derechos Indígenas (PDDI)

La amazonía constituye todavía hoy un área marginal del Perú, lejana, incomunicada, carente de infraestructura. Un espacio donde el Estado parece ausente, aunque no lo está al momento de promover proyectos extractivistas -en manos privadas- y disponer fuerzas de seguridad para garantizar su viabilidad. Si bien allí son pocos los bloques petroleros en explotación, las empresas del sector lograron una gravitación extraordinaria sobre la población al ocupar el vacío dejado por el Estado en áreas como salud y transporte, pero esta posición de poder no pudo impedir la organización de quienes sufren la contaminación.
En los últimos años kichwas y achuar libraron fuertes luchas por la remediación de los impactos socio-ambientales derivados de los derrames de crudo y aguas de formación y soportando represiones obtuvieron algunas mejoras. Esas experiencias fueron la antesala a la masiva movilización que en junio pasado congregó a más de mil comunidades de diferentes pueblos, enroladas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), para poner freno a la privatización de los territorios y al avances de proyectos extractivistas. El levantamiento fue ahogado con la sangre de Bagua y la organización indígena duramente golpeada. El gobierno de Alan García no pudo avanzar con sus políticas pero la amenaza sigue latente, el 75% de esta región oriental está concesionado a la actividad hidrocarburífera.
El abogado peruano Vladimir Pinto conoce en profundidad la situación de los pueblos amazónicos, desde el Programa de Defensa de Derechos Indígenas patrocina a las organizaciones ante la constante judicialización de sus demandas. En diálogo con el OPS habló de la coyuntura post-Bagua, la criminalización de las luchas socio-ambientales y el rol que juega la petrolera argentina Pluspetrol en aquél margen de América Latina.
-En recientes conflictos suscitados en la Amazonía por los impactos de la actividad hidrocarburífera aparece citada a Pluspetrol. ¿Cuál es su relevancia en la región?

Pluspetrol es una empresa que, si bien no es una gran transnacional, en Perú tiene una relevancia muy importante. Opera el lote 1AB, en la frontera con Ecuador, que es el más antiguo de la Amazonía peruana -en producción desde hace más o menos 40 años, con estándares ambientales muy malos. Ellos llegaron hace 10 años, lo heredaron de la empresa Occidental Petroleum (Oxy). Operan también el lote 8, que es contiguo a este y antes explotaba la nacional Petroperú. Además Pluspetrol en Camisea tiene el monopolio de la operación del lote de gas: extracción, refinación y venta. En Perú es la empresa petrolera más importante, sin duda alguna.
En el caso del lote 1AB han heredado una situación ambiental desastrosa, es un caso muy similar a lo que sucede en Ecuador con Texaco: 40 años de vertimiento de aguas contaminantes directamente a los ríos. Heredan esa operación en el año ’89 y no modifican los estándares sino hasta el año 2008, que en algunas zonas de ese lote han terminado de reinyectar las aguas que antes vertían a los ríos. Aún ahora hay una situación de vertimiento en otras cuencas con el consecuente daño ambiental y para la salud humana.
En la zona del lote 8 también tienen problemas. Ese lote está dentro de áreas de territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, si bien es cierto que el Estado es el responsable de crearlo y darlo a concesión, ellos operan en esas condiciones. Entonces, en todas sus operaciones tienen una situación de vulneración de derechos de los pueblos originarios.
-Hay un documental, Una muerte en Sión, que refiere a la presencia de Pluspetrol en territorio achuar.
Si, es sobre el lote 1AB. Hay esta situación de contaminación de tantos años y Pluspetrol opera allí afectando a pueblos indígenas, fundamentalmente a los achuar y a los kichwas, aunque también hay una pequeña presencia de urainas. Una muerte en Sión es justamente sobre las comunidades achaur del río Corrientes, que son afectadas por estas actividades de contaminación. Esto ya es materia de un proceso judicial que no se pudo realizar en Estados Unidos y que ahora está en elaboración para iniciarse en Perú.
Pluspetrol, en ese caso, es co-responsable porque opera allí en los últimos 10 años pero ha mantenido los mismos estándares que se han utilizado, que son inhumanos, inaceptables simplemente.
-Durante las movilizaciones amazónicas se mencionó la presencia de militares en instalaciones de Pluspetrol para reprimir a los indígenas. ¿En efecto fue así?

Ha habido movilizaciones indígenas muy fuertes para que se modifiquen estos estándares ambientales tan desastrosos. En el año 2006 el campamento de producción de Pluspetrol estuvo tomado dos semanas por el Pueblo Achuar y fruto de esa movilización lograron un acta donde la empresa reconoce en parte su responsabilidad: en materia de salud crea un fondo, se compromete a reinyectar [las aguas de formación] en un plazo más o menos inmediato; y el Estado asume algunas obligaciones como garante. Ese es el antecedente de movilización amazónica más importante antes de Bagua.
Luego, en marzo de 2008, hubo una toma del aeropuerto que tiene Pluspetrol en la comunidad de Andoas, donde están también sus oficinas operativas del lote 1AB. Por esa toma se ha iniciado un proceso penal contra muchísimos dirigentes kichwas de la zona del Tigre y del Pastaza, que son ríos afectados por el lote. La movilización de los pueblos indígenas estaba vinculada a la presencia de industrias extractivas -sobre todo petróleo- en territorios donde no las aceptan y toman como referencia la tragedia ambiental del lote 1AB.
En la movilización de los achuar [de 2006] la empresa adoptó la política de militarizar la zona en contubernio con el Estado, obviamente, y en marzo de 2008, cuando reprimieron a la población que tomó el aeropuerto, dentro de la instalaciones de Pluspetrol se produjeron torturas a dirigentes indígenas. Es decir, personal de la DINOES [Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional] torturó en las instalaciones de la empresa. Eso es algo que recientemente se hizo público en el juicio penal que se les está siguiendo a los compañeros achuar.
En la zona la DINOES cumple el papel casi de policía al servicio de la empresa, no defiende el orden público sino la seguridad de la empresa.
-¿La DINOES es una policía común?

Es policía para operaciones especiales, es como el SWAT. Es un cuerpo especializado que estaba destinado a operaciones de seguridad en áreas urbanas pero que, en los últimos años, se le ha trasladado a las zonas donde hay conflictos socio-ambientales. [Interviene] cuando hay grandes movilizaciones de la población.
-¿Se inició alguna causa judicial por la aplicación de torturas dentro de instalaciones de Pluspetrol?

Lo vamos a hacer. La tortura contra los dirigentes indígenas no se había evidenciado todavía, salvo por las declaraciones de ellos, pero recientemente se ha hecho presente al juicio un misionero católico que también fue torturado y que ha denunciado estos hechos de manera pública. Entonces, teniendo otros elementos, se va a iniciar una causa contra la policía y estamos evaluando ver el nivel de responsabilidad de la empresa -como tercero civilmente responsable- y de los funcionarios de la empresa -como co-responsables de la tortura.
-En Argentina Pluspetrol realiza campañas de RSE para dar una imagen de buen diálogo con la sociedad. Las demandas que se hicieron en la Amazonía peruana, ¿modificaron las políticas de la empresa?

Hay algunas cosas que cambiaron a la fuerza, es decir, las comunidades exigieron que se modifiquen algunas prácticas empresariales y, a raíz de que Pluspetrol notó el nivel de organización y de decisión que tenían, modificó algunas de las prácticas más duras. El tema es que luego de esta situación forzada de cambio, ellos han convertido el conflicto en una propaganda: “Miren cómo nosotros tenemos este programa de Salud en la Amazonía y cómo estamos reinyectando lo que nunca reinyectó la otra empresa…”. No lo plantean como el resultado de una larguísima confrontación sino como una decisión corporativa.
Ahora, esto ha cambiado en una de las partes del lote, donde la población se organizó y protestó, pero no en las otras. Yo diría que más que una empresa que tiene responsabilidad corporativa imbuida como una filosofía, un espíritu, lo que hace es reaccionar frente a la presión que le impone la gente.
En la zona de Camisea, en el sur, operan en condiciones menos adversas. Es una operación más nueva pero no exenta de complicaciones. El tubo de líquidos derivados -porque mueve gas pero también líquidos derivados- se ha roto por lo menos 6 veces en 4 años de operación. Entonces es una situación también es compleja, donde, por supuesto, dicen que mantienen una buena relación con la población. No se sabe de un conflicto muy abierto pero en términos ambientales sí hay bastante que evaluar allí.
La operación es muy complicada porque, además de la explotación del gas de Camisea -que afecta a pueblos en aislamiento-, implica un gasoducto que cruza la región andina hasta la costa. Si no me equivoco son 450km y la construcción del gasoducto implicó diversos impactos en la región andina, sobre todo en algunas comunidades de Ayacucho, que protestaron por eso.
-Casualmente años atrás Pluspetrol auspició una muestra fotográfica en el Centro Cultural Jorge Luis Borges sobre culturas andinas.

Es curioso que se trabaje en este asunto de promover la identidad andina y demás, porque es una empresa que más bien ha sido vista siempre como problemática en el balance general, porque está metida realmente en operaciones complicadas.
-¿La Amazonía es una de las regiones peruanas que más se ha concesionado para la actividad hidrocarburífera?

Sí, tenemos el 75% de la Amazonía peruana concesionada para hidrocarburos, aunque explotación todavía tenemos poco. Básicamente Pluspetrol es la única que está explotando, hay una pequeña [compañía], la norteamericana Maple Gas, que opera en lotes muy antiguos y marginales -tanto en tamaño como en producción.
Hay algunas zonas donde las comunidades que no conocen bien la dinámica del petróleo, que no tienen ninguna expectativa más para encontrar alguna alternativa económica, aceptan el ingreso de estas empresas; hay otras donde hay resistencia. Donde hay resistencia se produce inmediatamente un fenómeno de estigmatización, complicaciones. Nosotros estamos evaluando esto en función de una visión más amplia de la Amazonía -porque es un problema que se empieza a generalizar en los países vecinos- para demandar un freno a las concesiones, ya que es un área tremendamente frágil.
-¿En estas nuevas concesiones de lotes Pluspetrol tiene alguna posición ventajosa?

Bueno, de acuerdo a la ley no la puede tener. Pluspetrol está compitiendo por uno o dos lotes más, no más tampoco, porque creo que de hecho excedería su capacidad operativa.
-Hablabas de la estigmatización de quienes se paran frente al avance de las concesiones petroleras o de quienes protestan por los impactos. Antes de comenzar la entrevista comentabas que la criminalización del conflicto socio-ambiental en Perú es una tendencia ascendente.

Si, según la Defensoría del Pueblo, que podríamos considerar que son datos conservadores -no son radicales ni mucho menos-, más de la mitad de los conflictos sociales en el Perú son de carácter socio-ambiental, y, en la mayoría de estos casos, no hay una solución inmediata -el 88% se mantienen activos. Es un escenario creciente donde la respuesta del Estado no es el diálogo o la búsqueda de soluciones de mediano plazo sino la represión y la criminalización.
Tenemos, lamentablemente, un marco legislativo penal muy laxo, complicado. Desde la reforma de los ’90 se empezó a ampliar este marco legal, primero, contra el terrorismo; luego, contra el crimen organizado; y esas mismo marco normativo se utiliza ahora para enjuiciar a dirigentes populares o a activistas que están organizando protestas socio-ambientales. Incluso con este gobierno tenemos asilados, dirigentes indígenas han tenido que salir del país [luego de la masacre de Bagua]; el presidente del Poder Judicial confesó que al juez que ve el caso de Alberto Pisango [presidente de la Aidesep] lo llamaron los ministros para decirle que rápidamente vean su detención, una intromisión del poder político evidente; prácticas de persecución a las organizaciones sociales.
Estamos en un escenario muy complicado y, lamentablemente, [tenemos] un aparato policial coludido con intereses empresariales. La policía interviene en reuniones de las comunidades, cuando alguna ONG quiere hacer alguna capacitación la policía intimida. En el caso de Pluspetrol es evidente, por ejemplo, la empresa maneja el único aeropuerto de Andoas y el abogado penal que lleva el caso [de los achuar imputados] tenía que aterrizar allí con una avioneta alquilada. Cuando ya estaba por aterrizar la empresa se lo impidió, le dijo al piloto que no cuando se enteró que estaba yendo un abogado. Tuvieron que regresar, con riesgo de que la gasolina no alcance.
-Por el panorama que das se deduce que la tensión de Bagua no quedó disipada.
Evidentemente hubo un retroceso del Estado, se derogaron las dos normas más graves, que eran parte de la agenda indígena: las que tienen que ver con la protección del bosque -para que no se convierta en una propiedad privada- y con las garantías a la propiedad indígena -que se quería eliminar. En ese sentido el Estado retrocede en su estrategia de despojo directo, pero no cede en cuanto a su pretensión. Ahora hay una campaña enorme de prensa, coludida con intelectuales orgánicos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, para seguir promoviendo la titulación individual y la parcelación de las comunidades.
Los indígenas ganaron en varios ámbitos, también en el sentido de demostrarle a la opinión pública que tenían razón en muchas de las cosas que estaban planteando. Quedó clarísimo, por ejemplo, que el Estado tiene que cumplir el Convenio 169 [de la OIT] en cuanto a la consulta [previa, libre e informada antes de implementar políticas que los afecten], y que no lo había hecho. De algún modo hubo una victoria, también mediática, en el sentido que “no eran locos” ni estaban “yendo por fuera del derecho” sino que su demanda era justificada. Sin embargo los medios de comunicación mayores promueven constantemente la idea de que hay intereses políticos detrás de la organización indígena, incluso intereses políticos externos -el gobierno quiere involucrar al presidente [venezolano Hugo] Chávez, a las FARC, etc. Es una situación que se mantiene y se reproduce constantemente, y es una batalla del día a día donde los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cumplen un papel a favor del gobierno.
El Estado ha sido derrotado en esta batalla [de Bagua], pero la decisión política de fondo me parece que subsiste. La organización indígena quedó muy golpeada después de esto, mucha gente con procesos judiciales, muchos recursos agotados, persecución de los proyectos que le dan sostenimiento a la organización, intervención administrativa de la Aidesep. La tensión como tal se ha transformado, quizás es más velada. La actuación del Estado es menos represiva, en el sentido directo, pero hay todo un sistema represivo, acompañado por los medios de comunicación, que empieza a reverdecer y que, quizás, va a esperar un momento para volver a intentarlo.

Violento choque entre la Policía y jóvenes que resisten al desalojo del Colectivo 1 de Marzo: los efectivos tiraron gas pimienta

Martes, 27 de Octubre de 2009 11:17 (FUENTE: DIARIO TEXTUAL, LA PAMPA)

Gritos, empujones, gas pimientas, palos y mucha tensión. La Justicia penal ordenó el desalojo de una casa que ocupaba el Colectivo Social y Cultura 1 de Marzo en el barrio de Villa Santillán y se generaron disturbios: hubo golpes e, incluso, los uniformados arrojaron gas pimienta sobre los jóvenes y al menos un periodista.
En el interior de la casa se encuentra, a las 13, personal judicial y policial. Sacaron muebles de los jóvenes que tenían una biblioteca, una huerta y un salón donde dictaban talleres.
Esta mañana, los efectivos empezaron a desalojar la vivienda que ocupaban en Juan XIII al 800 por orden del juez Hugo Farías, del Juzgado de Instrucción 4.
El desalojo ocurrió por una denuncia de los propietarios de la casa, la Sociedad Basilio.
Los policías ingresaron aproximadamente a las 10 a la vivienda. A esa hora, no había casi nadie en el lugar. A las 11, cuando los uniformados pretendieron salir con los muebles para dejarlos en la vereda, unos veinte jóvenes se lo impidieron.
Hubo episodios de violencia: cuando los uniformados pretendieron abrir un portón, no los dejaron. En ese momento de tensión, les arrojaron gas pimienta. Afectó a periodistas que trabajaban en el lugar.
El viceintendente de Santa Rosa, Guillermo Di Liscia, y la concejala Alicia Irribarren fueron en el lugar. “Le he pedido al comisario que sea muy precavido en el uso de la fuerza, no queremos violencia”, dijo Di Liscia. “Llegamos a un enfrentamiento innecesario y encima con violencia”, dijo. “Yo creo que los jóvenes deberían permitir el desalojo, porque en Santa Rosa hay lugares donde ese pueden desarrollar este tipo de actividades”, agregó. A las 13, estaba reunido con el juez Farías en Tribunales.
El comisario Sergio Seisdedos, jefe de la Seccional Sexta, justificó el uso de gas pimienta. “Debimos hacer uso de la fuerza pública porque no podíamos salir”, justificó el comisario. “Se utilizó gas porque estábamos siendo agredidos por golpes de puño”, argumentó.

Declaración del XXIV Encuentro Latinoamericano de Mujeres

Publicado el 16/10/2009 14:20:00 en Realidad Economica



Este sábado 10 de octubre se realizó la apertura del XXIV Encuentro Nacional de Mujeres en San Miguel de Tucumán al norte de Argentina que congrega un aproximado de 15 mil mujeres, en esta oportunidad con presencia de movimientos sociales del Nuestra América. Este encuentro se viene haciendo anualmente desde el año 1986, donde miles de mujeres hacen una puesta en común de sus experiencias, debates, propuestas en temas como la violencia familiar, femicidios, trata de personas, derechos sexuales y reproductivos, despenalización del aborto, discriminación laboral, entre otras cosas, en el marco de una crisis económica mundial que golpea a todo un pueblo pero que castiga con mas dureza a las mujeres latinoamericanas.
DECLARACION DEL XXIV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MUJERES


Nos reunimos en el marco del 24 encuentro nacional de mujeres en Tucumán. Compartimos nuestras luchas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros camino, buscando entrelazar nuestras vidas.

Nos pronunciamos en este encuentro por la defensa de nuestros derechos.

Luchamos por la desmilitarización de América Latina.

Contra el golpe de estado en honduras: libertad a la compañera maestra y periodista Agustina Flores Lopez y a todXs los presXs políticos hondureXs.

Denunciamos el asesinato de compañeras transexuales, y exijimos la investigación y el castigo a lXs culpables..

Exigimos que se ponga fin a la violencia sexual, los femicidios y la represión contra el pueblo de Honduras.

No a las bases militares en Colombia y en América Latina.

Basta de violencia militar y paramilitar contra las mujeres y el pueblo de Colombia. Libertad a los presos políticos, basta de impunidad, de jucios sin justicia y de condiciones aberrantes de detención.

Solidaridad con Piedad Córdoba, y con los luchadores sociales colombianos que impulsan la paz con justicia para Colombia.

Denunciamosque tanto las dictaduras como las intervenciones militares hacen de las mujeres un botín de guerra y utilizan la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados.

Basta de persecución política a los militantes del movimiento sin tierra y de otros movimientos sociales en lucha en Brasil. No a la judicialización de los luchadores populares.

Fuera a la intervención militar en Haití. Solidaridad con las mujeres y el pueblo haitiano violado y violentado en sus derechos.

No a la militarización de la vida cotidiana y a la criminalización de la lucha popular en América Latina.

Nos solidarizamos con las mujeres judicializadas por ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Exigimos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Denunciamos la violencia contra las mujeres y los femicidios en México y América Latina.

Denunciamos la desaparición de mujeres en democracia secuestradas por las redes de prostitución y trata.

Defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o esclavitud laboral o cualquiera sea el fin que los proxenetas y tratantes persigan. Exigimos leyes que castiguen efectivamente la trata de personas y protejan a las víctimas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y que nadie pude consentir su propia explotación. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos de las humanas.

Somos parte y expresamos: Nuestra solidaridad en la lucha contra las hidroeléctricas, las madereras, las mineras y contra todas las transnacionales y traslatinas que promueven el saqueo y la recolonización del continente.

Nuestra solidaridad con las trabajadores de Terrabussi y con todas las luchas que enfrentan la precarización laboral. Rechazamos que se siga descargando la crisis sobre las trabajadoras y los pueblos de América Latina.

Expresamos el derecho de las mujeres y de los pueblos originarios a vivir en sus territorios respetando su cultura y su identidad.

Nos pronunciamos contra todas las formas de xenofobia y por el derecho a ir y venir de las migrantes.

Expresamos nuestra solidaridad con los procesos populares y antiimperialistas en Cuba, Venezuela y Bolivia y con sus proyectos de integración latinoamericana en los marcos del ALBA.

Promovemos la unidad y la integración de los movimientos populares de América Latina y la creación de espacios concretos de solidaridad y acciones comunes.

Nos movilizamos como parte de la semana de acción en defensa de la Madre Tierra por la Soberanía Alimentaria contra la mercantilización de la vida del 11 al 16 ce octubre.

El 25 de noviembre nos movilizaremos en las calles contra la violencia hacia las mujeres y para escarchar a los responsables de las guerras, golpes y militarización del continente: embajadas, consulados y espacios que simbolicen la dominación imperialista.

Apoyamos las iniciativas de la marcha mundial de las mujeres que promueven durante el 2010 acciones globales contra el capitalismo y el patriarcado.

Nosotras feministas proponemos transformaciones profundas y radicales de las relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, el fin de la lesbofobia, la travestofobia, la homofobia y del patriarcado heteronormativo y racista.

Somos parte de la construcción de un movimiento feminista antipatriarcal y anticapitalista, como una fuerza política contrahegemónica y un instrumento para alcanzarla transformación de nuestras vidas y de nuestras sociedades.

Nuestras declaraciones están respaldadas por nuestra acciones. Por nuestros cuerpos en lucha. Por nuestra capacidad de movilizarnos y de denunciar, de actuar y de crear nuevas relaciones. Nuestras luchas las hacemos con alegría, con placer. Somos feministas en movimiento . Somos todas Feministas en Resistencia.